La posible derogación de las leyes de inversión turística pone en riesgo el grado de inversión internacional de Panamá
BUENOS AIRES, ARGENTINA, ARGENTINA, August 9, 2022 /EINPresswire.com/ -- El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ordenó la derogación de las leyes 122 y 314, ambas leyes de incentivos basados en el turismo que buscan la inversión extranjera. Estas leyes fueron aprobadas dos veces en los últimos 2 años por una abrumadora mayoría en la Asamblea Nacional y, cada vez, fueron firmadas por el Presidente y miembros de su gabinete. Estas leyes han creado mucho interés, incentivando a desarrolladores e inversionistas de los Estados Unidos y otros países a invertir millones de dólares que ahora pueden estar en riesgo.
Durante los más de dos años de vigencia de la Ley 122 “Ley de inversión turística”, la autoridad de turismo realizó road shows no solo en Estados Unidos sino en otros países, captando la atención de la comunidad inversora internacional. Inversionistas extranjeros de todas partes han dedicado, de buena fe, ingentes recursos económicos y de tiempo para participar en esta oportunidad de inversión que promete posicionar a Panamá como uno de los principales destinos turísticos de la región. Esta ley de inversión ha llamado tanto la atención que actualmente se hace referencia en el Informe sobre el Clima de Inversión de Panamá emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El legado de Panamá como un país donde se respeta la seguridad de la ley siempre lo ha diferenciado del resto y lo ha convertido en uno de los lugares más seguros de América Latina para que los extranjeros inviertan. Sin embargo, economistas y expertos financieros advierten que la reciente y sorprendente decisión del presidente Laurentino Cortizo de derogar retroactivamente esta ley sería un precedente desastroso que generaría escepticismo ante los llamados de inversión que el país podría lanzar en el futuro. Los abogados en Panamá están luchando porque eso no solo va en contra de la propia Constitución de Panamá, sino que cuestiona los tratados entre los Estados Unidos y Panamá que protegen la inversión extranjera. Además, tal medida activaría una alarma a nivel internacional que podría afectar potencialmente el frágil grado de inversión que aún disfruta Panamá.
Este desafortunado giro de los acontecimientos es el resultado de la desinformación de los medios de comunicación que politizaron la ley. Como resultado, hace menos de dos meses, la Ley 122 original fue modificada en la Asamblea Nacional por la nueva Ley 314, que redujo los incentivos fiscales a casi la mitad y reglamentó aún más la legislación, “aún más a favor del Estado”. Si bien la recaudación de impuestos supera con creces los incentivos que se otorgarían a los inversionistas, los cuales solo podrían redimirse en un 15% anual a partir del segundo año de la inversión, la presión mediática malintencionada continuó. Se creó una falsa percepción de que había un cheque en blanco para los desarrolladores participantes, lo cual no es el caso. Expertos y empresarios del sector explican que los desarrolladores no cobran los incentivos fiscales; es todo lo contrario, estos incentivos benefician a los inversionistas que primero deben fondear el 100% del valor del bono o acciones de proyecto elegible listado en la Bolsa de Valores de Panamá. Se proyecta que los empleos directos e indirectos que se generarán a raíz de esta ley, en la periferia de la capital podrían llegar a más de 80.000. “Se espera que el país gane una oferta turística completa, donde más se necesita, posicionando a Panamá entre los principales destinos turísticos de la región”, señaló otro empresario del sector turístico. Muchos han salido proponiendo que, si hay grupos de desarrollo específicos que no cumplen con las normas establecidas en la ley, entonces se debe ejercer una mejor y más rigurosa regulación, “pero que ni los inversionistas que de buena fe han asegurado el dinero para invertir en Panamá, tampoco se deben perjudicar los proyectos que están cumpliendo con todo lo requerido por la Autoridad de Turismo de Panamá y por la Superintendencia de Valores”.
La consultora Virtú Atelier Legal explicó en uno de sus informes que, según la ley 122, se otorgaría a los inversionistas un crédito fiscal equivalente al 100% de su inversión. Este incentivo se otorgaría a la persona natural o jurídica que, en la Bolsa de Valores de Panamá, sea el primer comprador de los valores emitidos por la empresa de turismo o de inversión inmobiliaria. El primer adquirente deberá presentar una declaración jurada que certifique que, inmediatamente antes de adquirir los valores, ni él ni sus directores, dignatarios, accionistas o beneficiarios reales eran directores, dignatarios, accionistas o beneficiarios reales de la empresa de turismo o sociedad de inversión, inmobiliaria, ni las subsidiarias de los proyectos turísticos en los que invirtieron. Además, existen otras restricciones para garantizar que no haya vínculos con el desarrollador del proyecto.
La Ley 122 fue aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente Cortizo el 31 de diciembre de 2019. Posteriormente fue reglamentada en su totalidad mediante el decreto 364 en julio de 2020, firmado nuevamente por el presidente Cortizo y el ministro de Hacienda Héctor Alexander. Recientemente, la Ley 122 fue modificada por la Ley 314 por la Asamblea Nacional y firmada nuevamente por el Presidente Cortizo y el Ministro de Hacienda Héctor Alexander el 21 de junio de 2022. Las instituciones financieras siguen de cerca la importante labor de la Asamblea Nacional de Panamá, donde se definirá el futuro del turismo y el clima de Inversión Extranjera.
Durante los más de dos años de vigencia de la Ley 122 “Ley de inversión turística”, la autoridad de turismo realizó road shows no solo en Estados Unidos sino en otros países, captando la atención de la comunidad inversora internacional. Inversionistas extranjeros de todas partes han dedicado, de buena fe, ingentes recursos económicos y de tiempo para participar en esta oportunidad de inversión que promete posicionar a Panamá como uno de los principales destinos turísticos de la región. Esta ley de inversión ha llamado tanto la atención que actualmente se hace referencia en el Informe sobre el Clima de Inversión de Panamá emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. El legado de Panamá como un país donde se respeta la seguridad de la ley siempre lo ha diferenciado del resto y lo ha convertido en uno de los lugares más seguros de América Latina para que los extranjeros inviertan. Sin embargo, economistas y expertos financieros advierten que la reciente y sorprendente decisión del presidente Laurentino Cortizo de derogar retroactivamente esta ley sería un precedente desastroso que generaría escepticismo ante los llamados de inversión que el país podría lanzar en el futuro. Los abogados en Panamá están luchando porque eso no solo va en contra de la propia Constitución de Panamá, sino que cuestiona los tratados entre los Estados Unidos y Panamá que protegen la inversión extranjera. Además, tal medida activaría una alarma a nivel internacional que podría afectar potencialmente el frágil grado de inversión que aún disfruta Panamá.
Este desafortunado giro de los acontecimientos es el resultado de la desinformación de los medios de comunicación que politizaron la ley. Como resultado, hace menos de dos meses, la Ley 122 original fue modificada en la Asamblea Nacional por la nueva Ley 314, que redujo los incentivos fiscales a casi la mitad y reglamentó aún más la legislación, “aún más a favor del Estado”. Si bien la recaudación de impuestos supera con creces los incentivos que se otorgarían a los inversionistas, los cuales solo podrían redimirse en un 15% anual a partir del segundo año de la inversión, la presión mediática malintencionada continuó. Se creó una falsa percepción de que había un cheque en blanco para los desarrolladores participantes, lo cual no es el caso. Expertos y empresarios del sector explican que los desarrolladores no cobran los incentivos fiscales; es todo lo contrario, estos incentivos benefician a los inversionistas que primero deben fondear el 100% del valor del bono o acciones de proyecto elegible listado en la Bolsa de Valores de Panamá. Se proyecta que los empleos directos e indirectos que se generarán a raíz de esta ley, en la periferia de la capital podrían llegar a más de 80.000. “Se espera que el país gane una oferta turística completa, donde más se necesita, posicionando a Panamá entre los principales destinos turísticos de la región”, señaló otro empresario del sector turístico. Muchos han salido proponiendo que, si hay grupos de desarrollo específicos que no cumplen con las normas establecidas en la ley, entonces se debe ejercer una mejor y más rigurosa regulación, “pero que ni los inversionistas que de buena fe han asegurado el dinero para invertir en Panamá, tampoco se deben perjudicar los proyectos que están cumpliendo con todo lo requerido por la Autoridad de Turismo de Panamá y por la Superintendencia de Valores”.
La consultora Virtú Atelier Legal explicó en uno de sus informes que, según la ley 122, se otorgaría a los inversionistas un crédito fiscal equivalente al 100% de su inversión. Este incentivo se otorgaría a la persona natural o jurídica que, en la Bolsa de Valores de Panamá, sea el primer comprador de los valores emitidos por la empresa de turismo o de inversión inmobiliaria. El primer adquirente deberá presentar una declaración jurada que certifique que, inmediatamente antes de adquirir los valores, ni él ni sus directores, dignatarios, accionistas o beneficiarios reales eran directores, dignatarios, accionistas o beneficiarios reales de la empresa de turismo o sociedad de inversión, inmobiliaria, ni las subsidiarias de los proyectos turísticos en los que invirtieron. Además, existen otras restricciones para garantizar que no haya vínculos con el desarrollador del proyecto.
La Ley 122 fue aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por el presidente Cortizo el 31 de diciembre de 2019. Posteriormente fue reglamentada en su totalidad mediante el decreto 364 en julio de 2020, firmado nuevamente por el presidente Cortizo y el ministro de Hacienda Héctor Alexander. Recientemente, la Ley 122 fue modificada por la Ley 314 por la Asamblea Nacional y firmada nuevamente por el Presidente Cortizo y el Ministro de Hacienda Héctor Alexander el 21 de junio de 2022. Las instituciones financieras siguen de cerca la importante labor de la Asamblea Nacional de Panamá, donde se definirá el futuro del turismo y el clima de Inversión Extranjera.
ENEAS MARES
Enfasis
+54 9 11 6626-3321
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