SANTIAGO (AP) — Chile solicitará la extradición de dos ciudadanos venezolanos que presuntamente participaron en el secuestro y asesinato del exmilitar disidente Ronald Ojeda, anunció la fiscalía chilena el viernes tras informar que el crimen fue organizado desde Venezuela y descartar otras líneas de investigación.
El fiscal a cargo del caso, Héctor Barros, informó a la prensa que se trató de un crimen organizado desde Venezuela y en el que participó la organización transnacional de crimen organizado con origen en ese país conocida como Tren de Aragua.
“El perfil concreto que tiene la víctima nos lleva a concluir entonces que ninguna de las primeras hipótesis que la víctima estuviera involucrada en hechos ilícitos o el Tren de Aragua lo hubiese secuestrado para cobrar algún rescate están completamente descartadas”, señaló Barros, jefe del equipo de la fiscalía contra el Crimen Organizado y Homicidios.
El exteniente venezolano asesinado era un disidente del gobierno del presidente Nicolás Maduro que se definía como expreso político en sus redes sociales. Fue secuestrado en horas de la madrugada del 21 de febrero de su domicilio de su barriada humilde de Santiago por tres personas que simularon pertenecer a la policía chilena, un hecho que quedó registrado por las cámaras de seguridad que no fueron sustraídas por los secuestradores.
El fiscal jefe agregó que ”estamos hablando de una víctima que ha participado en acciones en contra del gobierno venezolano... Ha estado detenido nueve meses en Venezuela, se escapó estando detenido en Venezuela y tiene asilo político en Chile".
El secuestro fue distinto a la forma habitual de operar de la banda puesto que “jamás se pidió rescate”, continuó el fiscal y la víctima fue asesinada pocas horas después de ser secuestrada.
“El Tren de Aragua siempre ha dejado los cuerpos tirados en distintos lugares” y en este caso “se tomaron el trabajo de enterrarlo a 1,40 de profundidad, meterlo al interior de una maleta después que estaba fallecido, ponerle un saco de cal y posteriormente poner una capa de cemento” encima, detalló el fiscal.
Barros confirmó que se solicitó a Venezuela la extradición de dos sujetos implicados como autores en el secuestro y que se encontrarían en ese país.
En Caracas, el fiscal general venezolano Tarek William Saab informó el viernes que recibió mediante un correo electrónico una solicitud de cooperación de Chile solicitando los datos personales y antecedentes penales de cinco personas vinculadas con el homicidio de Ojeda que “será respondida a la brevedad”. Entre esas cinco personas se incluyó a Ojeda, acotó Saab.
En su cuenta en la red social X, antes Twitter, Saab publicó que se está “procediendo a la ubicación de los sujetos señalados como presuntos involucrados en dicho crimen, para su inmediata detención en el caso de que los mismos se encuentren en nuestro territorio”.
El gobierno chileno apoyará “a la fiscalía en su solicitud de asistencia penal internacional a través de gestiones diplomáticas y contactos con las autoridades” venezolanas, afirmó desde el palacio presidencial de La Moneda la ministra del Interior, Carolina Tohá.
La funcionaria descartó por el momento la posibilidad de romper relaciones diplomáticas con ese país, como solicitó una parte de la oposición. Chile busca “que se haga justicia” y se encuentre la verdad, señaló Tohá. La ministra indicó que este caso también es importante para Venezuela, “los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento”.
La oposición solicitó al gobierno romper relaciones diplomáticas con Venezuela en una semana de tensión política especialmente álgida con ese país tras un cruce de declaraciones luego de que el canciller de Venezuela, Yvan Gill, señalara que el Tren de Aragua era una “ficción creada por la mediática internacional”.
Las declaraciones fueron fuertemente contestadas por las autoridades chilenas que las consideraron “un insulto” para las víctimas de la organización criminal en toda la región. El jueves el presidente chileno Gabriel Boric llamó a consultas al embajador chileno Jaime Gazmuri como medida de protesta ante esos dichos.
“Solicitamos y exigimos a Venezuela toda la colaboración que se requiera en este caso”, requirió Boric el viernes tras darse a conocer la posición de la fiscalía chilena. Calificó el asesinato como un “inaceptable crimen” y dijo que “colaboración internacional es determinante” para que se pongan a disposición de la justicia los sospechosos de haberlo perpetrado.
“No vamos a permitir la impunidad”, afirmó el mandatario, señalando que esta investigación es también parte del motivo por el que se llama a consulta al embajador chileno en Caracas, que será recibido en la el palacio de la Moneda el sábado en la mañana por el presidente.
El crimen de Ojeda conmocionó a Chile y a la comunidad internacional cuando en febrero fue secuestrado de su domicilio en horas de la madrugada, lo que quedó registrado por cámaras de seguridad. Tras una intensa búsqueda su cuerpo fue hallado en una maleta bajo una losa de cemento en una zona de viviendas irregulares en Santiago.
El anuncio de la fiscalía se produjo un día después del asesinato de un policía chileno al que intentaron robarle un automóvil. La muerte del teniente Emmanuel Sánchez causó estupor en el país que vive una fuerte crisis de seguridad. Los presuntos culpables del hecho, que fueron apresados por la policía, son tres venezolanos. Sobre uno de ellos pesaba una orden de expulsión desde 2020.
Chile tiene una larga lista de personas con órdenes de expulsión que no se puede materializar en muchos casos por la falta de colaboración de Venezuela en recibir a los expulsados.